INCOMPETENCIA EN POLITICA PREVENTIVA

Escribe: Arístides Alvarez

Dos lamentables hechos han causado conmoción e indignación a los peruanos: el trágico cuádruple accidente de tránsito en Huarmey y el drama que vive Chosica y otros distritos aledaños a causa de los huaicos. En ambos casos, se evidencia un denominador en común: la no existencia de un sistema nacional de alerta temprano, que permita movilizar la atención inmediata y la ayuda técnica y profesional en los sectores, en estos casos requeridos: salud y el rescate de vidas ante la amenaza de la muerte y la destrucción de la naturaleza, respectivamente.

Los sectores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Salud e Interior saben perfectamente cuáles son las carreteras con mayor incidencia de accidentes de tránsito, pero hasta ahora no han hecho nada para revertir esta situación que  al año cuesta  al Estado entre 1,000 y 3,000 millones de dólares, según cifras de los organismos nacionales y del Banco Mundial.

Si el costo económico es alto, porque en el gobierno nacional no pone en práctica la política de la prevención, o la exige en cumplimiento de su función estatal de “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad” (Art. 44 de la Constitución), dado que el tramo Huarmey-Casma, forma parte de la ruta Pativilca-Trujillo, que se encuentra concesionada al Grupo OHL “Autopista del Norte” SAC, y el desarrollo del referido proyecto vial señala entre sus objetivos: mejor seguridad vial y disminución de accidentes de tránsito, mientras que entre los servicios ofrecidos al conductor están: Central de Atención de Emergencias (CAE) durante las 24 horas, Sistema de Comunicación en Tiempo Real a través de postes de comunicación celular colocados cada 10 km. a lo largo del tramo, ambulancias de atención, servicios de traslado de vehículos y patrullaje móvil. Esto, no se dio. Y paradójicamente ese mismo tramo (III) fue inaugurado el 31 de mayo del 2013 por el Presidente Ollanta Humala con una inversión de más de 36  millones 800 mil soles, bajo la oferta de mayor seguridad vial. ¿Por qué el Estado ha invertido en una vía ya concesionada? , ¿lo dice el contrato firmado en el 2009?.

Estamos seguros que la construcción de un muro de 1.50 de altura que impida la invasión de los vehículos que transitan por la Panamericana Norte a sus carriles de ida y vuelta  habría evitado la innecesaria muerte de 37 personas y dejado 80 heridos. ¿Y por qué no lo hizo la concesionaria?. Simplemente, porque ellos no gastan un sol si no está comprendido en el contrato con el Estado. Esta misma situación se repite con la concesionaria Norvial, en la carretera Ancón-Huacho-Pativilca. Desde que se entregó dicha concesión en el 2003 las muertes por accidentes de tránsito frente a la ciudad huachana van en ascenso y ocurren simplemente porque aun no se llega al tiempo de cumplir con la construcción de los accesos bajo nivel para peatones.

La tragedia en el kilómetro 315 de la Panamericana Norte, sus consecuencias e implicancias es grave, y amerita una investigación, el análisis y revisión de los contratos de las concesiones viales y de la responsabilidad social de Antamina en Huarmey ( localidad por donde esta empresa saca los minerales que extrae en esa región tiene una posta con un médico y dos enfermeras para emergencias), sin embargo extraña que ningún congresista ni autoridad de Ancash se ha pronunciado. Tampoco, sus colegas nacionalistas y fujimoristas de la región Lima, más aun cuando es muy notoria la ausencia del gobernador regional Nelson Chui Mejía en ambos sucesos. La región Lima cuenta en Barranca y Huacho, con hospitales nivel III para atender emergencias complejas, pero ni el personal médico ni paramédico se movilizó, pese a ser los nosocomios más cercanos. Las modernas ambulancias equipadas que dejó su antecesor siguen permaneciendo inactivas. Paralelamente, los pueblos de las provincias de Huarochirí y Yauyos se encuentran completamente aislados y sin ayuda. Necesitan agua potable, alimentos, frazadas y carpas. ¡No se oye padre!.

¡Cuán útil habría sido el helicóptero que planteó adquirir el entonces presidente regional Javier Alvarado para brindar socorro a la región y a sus habitantes!.

El SOS está activado y la incompetencia en política preventiva de las autoridades también.

FIN

Luisa Meneses es elegida como alcaldesa de Pacarán

La candidata de Alianza para el Progreso,  Luisa Meneses Rivadeneyra, resultó elegida como alcaldesa del distrito de Pacarán, provincia de Cañete, región  Lima, en las nuevas elecciones municipales que se realizó ayer domingo 7 de julio.

Meneses ganó con el 43.22% del total de votos válidos (708) y se impuso largamente entre los cuatros candidatos,  principalmente a la lista conformada por un ex alcalde y el actual alcalde encargado de la comuna municipal.

El plan de gobierno que ofreció destacó con el resto. Prometió realizar una gestión de presupuesto (inversiones) por resultados, dotar del servicio de agua potable y alcantarillado, crear la zona comercial y las casas de reposo del adulto mayor, brindar una educación téc

nica competitiva para los jóvenes, etc.

Ella, es licenciada en enfermería, egresada por la Universidad San Martín de Porres, además tiene estudios de posgrado en gestión pública en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y actualmente viene cursando estudios de doctorado en educación.

Actualmente, se desempeña como gerente de la mancomunidad Cañete-Yauyos, que agrupa a cinco distritos de esas provincias de la región Lima.

También, ha sido la promotora  de la creación de la Cámara de Turismo y Comercio de Pacarán, con el objetivo de impulsar su desarrollo debido a su enorme potencialidad que posee, entre las que destacan la agricultura y la actividad vitivinícola (fabricantes de vinos y piscos de calidad), y ser un lugar ideal para el descanso y la recreación de niños y adultos.

Pacarán el distrito cañetano que tiene internet pero no agua potable

http://www.larepublica.pe/08-07-2013/pacaran-el-distrito-canetano-que-tiene-internet-pero-no-agua-potable

Réplica: PUEBLO LIBRE, UN DISTRITO “BOMBA”

Réplica: PUEBLO LIBRE, UN DISTRITO “BOMBA”: "Escribe: Arístides Alvarez Existe un malestar generalizado en los vecinos del distrito de Pueblo por la política “bomba” que promueve el ..."

PUEBLO LIBRE, UN DISTRITO “BOMBA”

Escribe: Arístides Alvarez


Existe un malestar generalizado en los vecinos del distrito de Pueblo por la política “bomba” que promueve el reelecto alcalde de Unidad Nacional, Rafael Santos Normand, de construir cada vez grifos de venta de combustibles y gas.



Santos –que en nada emula el significado de su nombre- viene cometiendo el más grande atropello contra los derechos de nuestra población, jamás vista, pues hace oídos sordos a nuestros reclamos de advertencia sobre la peligrosidad que estas “bombas de tiempo” se instalen en las principales calles y avenidas del distrito.



Uno de los recientes ejemplos es la instalación de 03 grifos en una sola cuadra (04) de la Av. Bolívar, donde existen viviendas de dos, tres pisos, y edificios de hasta más de 25 pisos -otra de las acciones municipales que viola la zonificación urbana y su estética (mellada por la proliferación de cuánto aviso publicitario en cualquier pared pública o privada).



Hace unos días, decenas de obreros apoyados con maquinaria pesada empezaron a derribar casi la mitad de viviendas de una manzana, como resultado de la compra en buenos y malos términos de los lotes a sus propietarios, para expandir el grifo PRIMAX, ubicado en la cuadra 10 de la Av. Sucre, donde ya se comercializaba gasolina y gas, hecho que en su momento mereció la protesta de los vecinos del lugar.


A dos cuadras más, en pleno cruce de las avenidas Sucre y La Marina, también se instaló otro grifo de venta de combustibles y gas. Fui testigo del escape de gas por mala manipulación de una jovencita cuando surtía de combustible a un vehiculo, la misma que entró en pánico. Felizmente, su compañero corrió en su apoyo, enfrentó valientemente el problema y lo solucionó cerrando una válvula. Yo estaba esperando mi movilidad en la acera del lado contrario de la pista, a unos 8 metros, hasta donde llegó el gas incoloro. Si algún transeúnte hubiera pasado con un cigarrillo encendio entre los dedos hubiera sido FATAL.


En una entrevista radial, Santos dijo muy suelto de huesos que “no podía detener la instalación de grifos en el distrito porque la autorización las da el Ministerio de Energía y Minas (MEM)”. Si esto es cierto, el alcalde tiene otro mecanismo: NEGARLE la licencia de construcción. Pero no lo hace, y prefiere lavarse las manos. Creemos, que Santos y muchos alcaldes de Lima y del país, erróneamente promueven la construcción de grifos, altísimos edificios habitacionales, publicidad exterior, etc., porque significa “ingresos al municipio”, sin importarles el costo social al mediano y largo plazo, mediante una crisis en el distrito.


Personalmente, creo que esta actitud tiene un significado: el nulo sentimiento y amor que tiene el alcalde (y sus funcionarios) a nuestro histórico distrito, cuna de los Libertadores: José de San Martín y Simón Bolívar. Y si afirma lo contrario es pura hipocresía. ¿Saben por qué?. Porque no son auténticos vecinos del distrito sino foráneos, que cambian su DNI para cumplir con el requisito del JNE y ser candidatos. Santos, tuvo una residencia fugaz en el distrito y nada santa, y en el 2006 capitalizó la imagen de su hermano, el ex regidor de Vamos Vecino y dos veces candidato por UN. Su antecesor, el narrador de noticias Angel Tacchino, alcalde en dos oportunidades y recordado por autorizar el funcionamiento de hoteles y casinos de juego en vías principales, es patético, pues después de perder la elección se fue a vivir a San Borja y se postuló en el 2010 como alcalde en ese distrito.



Santos fue reelegido por ofrecer el “oro y el moro” a las Juntas de Vecinos y de los Parques -conformada desde hace muchos años por vecinos simpatizantes de los alcaldes y ajenos a la defensa de los derechos de su población-, y la influencia que han ejercido sobre débiles y “nuevos” vecinos, o ejerciendo “presión” a los dueños de establecimientos de servicios al público de “colocar su propaganda” (millonaria y consistente en banderolas con el rostro de Santos) y movilizar a su favor el personal de la municipalidad y a sus familias completas. Sobre lo primero, también fue testigo, cuando una noche y casi a oscuras, cuando sacaba la basura de mi vivienda, sorprendí a Santos convenciendo al dirigente de mi barrio a hacer una reunión, y aproveché la oportunidad para decirle algunas verdades. Dos días después, un sábado la Junta ofreció un almuerzo gratis a los vecinos. El bufette, carpas, sillas y música fue donado por la municipalidad. Y un caso parecido y de abuso fue cuando sorpresivamente personal de Fiscalización de la municipalidad trató de impedir la inauguración del local político de Fuerza 2011, argumentando no haber sido supervisado por Defensa Civil. (Ver foto).



Pese a ello, Santos apenas superó el 50% del total de votos. No ganó por su (buena) gestión (y menos por su continuidad). En el distrito, la Seguridad Ciudadana NO FUNCIONA. Los robos, asaltos y asesinatos en sus calles es un problema sin solución, amén de la presencia de drogadictos, borrachos y pandilleros en las decenas de bancas que ha colocado en el distrito pese al rechazo de los vecinos. El año pasado, se desvalijaron varias viviendas en menos de 100 metros a la redonda donde vivo, cosa que jamás había ocurrido en 50 años de residencia de mi familia. Incluso, en dos oportunidades, se robaron el Pabellón Nacional de la Plaza La Bandera, hecho conocido públicamente. Se registraron asesinatos en plena día, uno de los últimos fue registrado a espaldas de la municipalidad, donde la víctima fue un ciudadano colombiano. ¿El Serenazgo, que cuenta con vehículos y motocicletas y “cámaras de video”, porque no funciona?. La respuesta me la dio un sereno a vísperas de Navidad: “El alcalde nos debe 02 meses”. ¿Les paga gratificación?, le pregunté: “No, trabajamos mediante Servis. Hay gente (personal) que no espera tanto y se van”, contestó.


Y como regalo de año, Santos autorizó el aumento en más del 60% de los arbitrios en el distrito, para sufragar gastos en los rubros de “Seguridad Ciudadana” y “Limpieza Pública” (pese a que los parques se riegan con agua con excremento humano. Ver primera edición de REPLICA), los más altos en relación a los 23 distritos de Lima Metropolitana.


¡SANTOS,  HAS GANADO LA CONCHA DEL DISTRITO!.

AGUA Y ALGODÓN

• El gran negocio en el sector textil.
Escribe: Arístides Alvarez

El martes 21 de diciembre, al promediar las 9 a.m., después de un viaje de 30 minutos por carretera hacia Sechura, que recorre el Valle del Bajo Piura con dirección al mar, llegué al domicilio de mi madre, sito en el distrito de La Arena (provincia de Piura), un antiguo pueblo con 90 años de creación política y cuyos habitantes son mayoritariamente agricultores y pacíficos. Grande fue mi sorpresa al no encontrarla pese que el día anterior había confirmado telefónicamente la hora de mi llegada. Después de unos 15 minutos llegó a bordo de un mototaxi transportando consigo un barril plástico con agua que había adquirido por cinco soles. “He ido a comprar agua para nuestro uso diario, pues desde hace muchos días no hay servicio”, dijo, mientras yo la saludaba efusivamente. Ya dentro de la casa, continuó con su relato: “El problema tiene muchos años y en los últimos meses se ha agudizado, pues hay agua sólo por media, una o dos horas al día, sin embargo, la municipalidad todos los meses nos cobra S/. 13 soles”. Y para que no quedase duda de lo dicho, me mostró los dos últimos recibos pagados, que sacó del cajón de una mesa de madera. Ambos, llevaban el membrete de la municipalidad distrital y llenados los espacios en blanco con lapicero azul el nombre de mi madre y la infaltable palabra de cancelado.

Tomé los recibos, cogí mis infaltables compañeras de viaje: mi cámara fotográfica y de video, y salí raudamente por la puerta posterior de la casa que da a la calle Arequipa, la misma que conduce directo al local municipal atravesando antes la Plaza de Armas. Conforme me acercaba, noté en sus inmediaciones la presencia numerosa de la población. Hombres y mujeres, grandes y chicos, muy mortificados esperaban frente a la puerta de la municipalidad, resguardada por cerca de 30 policías antimotines provistos de varas y escudos –llegados de Piura y al mando de un conocido capitán según me manifestaron-, por lo que tuve que abrirme paso entre la muchedumbre, que al notar que llevaba sobre mi hombro derecho un pequeño maletín negro con la inscripción SONY, empezaron a palmear mi espalda cual pugilista va al ring y expresarme palabras de aliento, pues intuyeron que era un periodista local y diciéndome al unísono que tenía que ingresar a su interior donde una comisión representativa del pueblo dialogaba con el alcalde (saliente) Venancio Risco Juárez para que les explique las razones del incumplimiento del servicio de agua a los hogares de la zona urbana y sus caseríos.



Después de franquear el cordón policial previa identificación rigurosa, dentro del local avancé unos metros y me acerqué al lado izquierdo donde se ubicaba una mesa y a su alrededor se encontraban sentados, de un lado, el alcalde, regidores y funcionarios, y en el otro extremo, los integrantes de la comisión del pueblo, en pleno diálogo. Mientras otros tres o cuatro vecinos y testigos del hecho, eran mantenidos unos metros a raya por dos policías. Ellos, sólo podían escuchar y estaban prohibidos de hablar.



Me paré detrás de la comisión y escuché atento por casi treinta minutos una perorata neoliberal absurda del alcalde como única forma de justificar su ineficiente gestión, la misma que se resumía en lo siguiente: “Si una empresa pedía instalarse en el distrito la municipalidad no debe negarle la autorización porque la autoridad (él) debe estar siempre a favor de alentar las inversiones en el país”, o que “no tenía la culpa y no podía hacer nada del destrozo de la carretera (en más de dos kilómetros) y avenida principal del distrito por parte de la empresa encargada de construir la nueva red del alcantarillado”, o “qué había que entender que las máquinas (de bombeo) siempre se malogran”, y, finalmente, negar rotundamente haber suscrito un convenio para dotar de agua potable a la fábrica desmotadora de algodón (¿?).



En dos oportunidades, la comisión trató de replicar, pero Venancio se impuso, diciendo con voz alta que no debían interrumpirlo hasta el final. Fue, entonces cuando intervine y mostrándole los dos recibos pagados por mi madre, le formulé a boca de jarro la siguiente interrogante: ¿Señor alcalde, dado que usted es la máxima autoridad y la municipalidad cobra mensualmente por el servicio de agua potable, dígame cuándo se va a restablecer el servicio?. Venancio, un sujeto de piel oscura y proveniente de uno de los caseríos más pobres del distrito, después de ganar en el 2006 la elección como candidato de Unidad Nacional, se recibió al poco tiempo de contador y se fue a vivir en forma permanente a la ciudad de Piura, tal vez como medida de prevención a ser depuesto del cargo por el pueblo como hacía pocos años sufrió su hermano al comprobársele graves indicios de corrupción, estigma que sumado a su mala gestión lo había convertido en perdedor de la reelección el pasado 5 de octubre; sonrió forzadamente y dijo: “Yo, no le puedo contestar”, y mirando a la persona de su lado izquierdo agregó: “Qué le conteste el nuevo alcalde”. El individuo – que no era el electo burgomaestre sino el administrador municipal- presuroso manifestó: “El servicio se restablecerá cuando se repare la bomba”. ¿Cuándo?, repregunté. “Lo que demore la reparación, 4 o 5 días”. Obtenida mi respuesta, abandoné el lugar. Volví sobre mis pasos, y nuevamente me encontré con la muchedumbre, que me inquirió informarles sobre la reunión. “Cuándo habrá agua”, preguntó una anciana y contesté: “En 4 o 5 días cuando arreglen la bomba”. “Pero si la bomba es nueva”, dijo otro. La noticia se expandió y enfureció a la gente. La masa se dirigió a la puerta de la municipalidad con la intención de ingresar para hablar todos con el alcalde, produciéndose un forcejeo con los policías. El hecho obligó a la comisión salir a calmarlos, cosa que se logró a medias bajo la promesa dar su informe en la reunión en la plaza. Allí, habló el gobernador y dos integrantes de la comisión. Su informe se resumió en lo siguiente: “La reposición del agua se produciría cuando la bomba funcione”, y “qué el alcalde comunicaría mañana al representante de la desmotadora que el pueblo se oponía a un probable suministro de agua”. El pueblo lo rechazó tajantemente, y cuestionó a la comisión el no haber exigido al alcalde que firme un acta de compromiso, y casi a empellones sus integrantes fueron obligados a regresar y cumplir con su misión. La protesta continuó y se prolongó casi hasta el anochecer, quedando prácticamente Venancio impedido de salir. Fue cuando, enfurecido firmó un papel donde había escrito: “el pueblo se hace responsable si se producían robos y daños a la tubería de agua de la desmotadora”. La comisión no lo suscribió. La sangre iba a llegar al río, cuando alguien gritó a voz en cuello: ¡Llegó el agua!. Se produjo una alegría total. Todos volvieron en forma pacífica a sus casas. Venancio se fue a la suya, y yo a ducharme.
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LA BOMBA

La Municipalidad Distrital de La Arena entregó el 19 de agosto de 2010 la Buena Pro de Adjudicación Directa Selectiva Nº 0011-2010-MDLA, a la empresa HIDROSTAL S.A., con domicilio legal en la Calle Portada del Sol 722, Zona Industrial de Zárate, San Juan de Lurigancho, Lima; aceptando su oferta de venta de 01 Electrobomba Sumergible 125 HP, Marca Hidrostal, incluye 02 tramos de 60 mts. de cable Nº6AWG por el monto de S/. 90,000.00 (Noventa mil nuevo soles). El Comité Especial lo integró el Jefe de Logística, Ing. Carlos E. Espinoza Chávez (presidente), Félix Ramos Sernaqué y el Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, contador público Arco Quinto Rodríguez Agurto (miembros). La información es oficial y ha sido consignada por la propia municipalidad en el SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado). Ver documentos.


Su adquisición es parte del Proyecto “Pozo de Agua Potable de Sincape”. El pueblo de La Arena desconoce esta compra, y cree erróneamente que la bomba es de propiedad de la desmotadora (?).

Cabe recordar que el agua potable en este distrito se obtiene del subsuelo mediante un sistema tubular de bombeo, que no cubre las necesidades de sus 31,494 habitantes de la zona urbana y 3,090 habitantes de la zona rural.
LA OBRA DE ALCANTARILLADO



Respecto a la Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado-La Arena”, Piura, por el monto de S/. 16’057,078 (Dieciséis millones de soles cincuentaisiete mil y setentaiocho soles), fue adjudicada por el Gobierno Regional de Piura (GRP) el 19 de octubre de 2007 al Consorcio Aguas del Norte, conformado por las siguientes empresas: Ceba S.A., Acuña y Peralta, Ponce y Montes y Nazconsult. Extrañamente se le entrega la Buena Pro pese a presentar una carta fianza superior al 30% del valor referencial (630,000 dólares americanos) pero menor en suma en relación al ofrecimiento del Consorcio San Pedro (800,000 dólares americanos). Su representante Roberto Cutti Pineda dejó constancia en el acta su disconformidad por haber descalificado el Comité de Adjudicación a sus profesionales por no cumplir con el requisito de 20 años de colegiatura, requisito que tampoco argumenta cumplía la profesional (socióloga) del Consorcio “Aguas del Norte”. Ver documentos.



También, extrañamente la ejecución de la obra tuvo una demora dos años. Recién, el 21 de febrero del 2009 inició los trabajos que debían concluirse el 27 de octubre del 2010, vencido el plazo de 240 días calendario, pero a duras apenas alcanzó el 76%. El consorcio hizo abandono de los trabajos de en plena excavación de zanjas para la instalación de tuberías en el sector Nuevo Montegrande. La obra se encuentra intervenida por el GRP y ha asumido la triste tarea de culminarla, aunque sin completar el proyecto, que comprender la implementación de una laguna de oxidación y la construcción de un reservorio elevado de 700 m3. El procedimiento Especial de Selección se hizo teniendo como marco legal la Ley Nº 28870, Ley para optimizar la gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.



La fuente de los recursos se produjo por transferencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (como parte del Programa Nacional “Aguas Para Todos” al GRP, y de sus recursos ordinarios de canon y sobrecanon.
Desde 20 años no se hacía una obra de inversión millonaria en ese distrito.
DESMOTADORA CREDITEX



Coincidentemente, en el mes de agosto (mes de la compra de la bomba), Creditex inició sus operaciones de desmotado en su nueva planta de Casaraná ubicada en medio de los campos de algodón del Bajo Piura según lo manifestado por su gerente general, José Ignacio Llosa, en su revista institucional “En Algodón”, del N°2 de Setiembre de 2010.
Empero, esta versión debe ser analizada en su contexto. La fábrica está construida en plena zona agrícola. En un área de aproximadamente 3 hectáreas y a tres kilómetros de la zona urbana. El valle se caracteriza por ser un extenso manto verde donde se siembra mayormente arroz y maíz, que Creditex ha atravesado en una distancia igual (3 km.) con tuberías para conectarse a la red del servicio de agua potable que se brinda desde el pozo de Sincape. Ni los propietarios de los predios agrícolas ni la población en general fue informada.
Venancio dio la autorización de construcción de la fábrica, donde se ha instalado el cien por ciento de los equipos de la Planta N° 3 de la ciudad de Piura que Creditex vendió a un conocido banco, hecho calificado por su gerente de administración, Luis Herrera, como una acción empresarial para amoriguar la crisis internacional (Diario El Comercio del 04 de mayo de 2009).

Creditex es en realidad las siglas de Cía. Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. El nombre proviene como resultado de la fusión y consolidación de cuatro empresas textiles peruanas adquiridas por la Corporación Cervesur. Hilanderías Pimafine (1990), Textil Trujillo-Trutex (1995), Credisa (1997) y Textil El Progreso (1999). Creditex posee en total 07 plantas entre desmotadoras e hilanderas localizadas en Piura (Sullana y La Arena), Lambayeque, Trujillo, Lima y Pisco. Además, de ofrecer a sus clientes productos “full package”, también confecciona prendas de algodón pima y tangüis que comercializa en el exterior bajas marcas de prestigio internacional (Marc Boehler y Norman & Taylor), y que en el Perú se ofrecen en lujosas boutiques de San Isidro, Surco, Lima (conocidos centros comerciales) y Callao (aeropuerto internacional Jorge Chávez).

Uno de sus conceptos de su misión empresarial, Creditex, dice: “Promovemos un accionar con responsabilidad social y ambiental”. Nada más ajeno a la realidad, en el caso descrito. Creditex ha sentado un nefasto precedente para que cualquiera construya en el Valle del Bajo Piura y lo desaparezca en los próximos años y con ello la despensa alimenticia de esa región y del Perú. El PBI regional de Piura en el sector agricultura es del 11.78%.

Cervesur (uno de los principales grupos económicos del Perú conformada por importantes empresas del sector industrial, agroindustrial y de servicios, entre los que destacan AFP Profuturo, Aceros Arequipa, Ferreyros y la Positiva Seguros y Reaseguros), que se ufana de obtener ingresos anuales superiores a 170 millones de dólares, quizá disminuya en algo cuando sus clientes empresariales del mundo y del país, conozcan esta verdad, es decir cómo sus máximos directivos, Von Wedemeyer Knigg Andreas Wolfgag y Jorge Guillermo, hace dinero en el sector textil.


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Nota de redacción: Tras el suceso, el servicio de agua potable en el distrito se cumple todos los días, pero sólo de 5 a 9 a.m., y por lo tanto, la solución al problema aun no se da definitivamente.

FIN

¿QUIÉN ES QUIÉN?

La edición del viernes 31 de diciembre de 2010, del Diario El Chaski de Huacho, dio la noticia en portada sobre la asunción del nuevo alcalde de la provincia de Huaura Santiago Cano, y en su página 05, a manera de aviso, publica la Resolución Ejecutiva Regional Nº 1021-2010-PRES, firmada por el Presidente ENCARGADO del Gobierno Regional de Lima (GRL), Luis Custodio Calderón, donde “justifica” legalmente la contratación de un total de 46 trabajadores sujetos a modalidad indeterminado, basado en un informe elaborado por la Oficina de Recursos Humanos (ORR.HH-GRL) cuyo jefe es el “Doctor” Gerardo Carhuatanta Vera, hombre de confianza de César Ahumada Abanto (Sub-Gerente de Administración Regional y operador del RECHAZADO por los votos de la población de las 09 provincias de la región para continuar como su PRESIDENTE Regional, Nelson Chui Mejía, y cómplice del hijito de éste, Christian).



La lista con nombres, apellidos, dependencia, cargos, fecha de ingreso, tiempo de servicios, nivel remunerativo y hasta monto de sus remuneraciones aparece en dicha página.



Sin embargo, el argumento jurídico es ilegal por cuánto, en la mayoría de casos, se cometen delitos penales por cuánto se está atentando contra los intereses del Estado, al pretender “sorprender” a la gestión del nuevo presidente regional, JAVIER ALVARADO, y a la población de la región Lima, con “cargos” y “tiempos de servicios” que nunca ostentaron y que “NO PUEDE SER COMPUTABLES” por haber sido cargos de ABSOLUTA CONFIANZA, como el ejercido por el Señor Gabriel Buralli, Jefe de Servicios Generales, y “hombre de confianza” de Ahumada, y encargado del transporte y todo lo que ello acarreaba, además de compras diversas de su área. Y en la lista (adjunta) se le adjudica el cargo de “Especialista Administrativo”.



Otro en igual situación es Jean Martín Toledo Nava (que ostenta su real cargo de Jefe de Informática), y brother de Christian, junto a quién aparece en diversas fotos disfrutando de viajes en el exterior.

Un tercer caso, es el protagonizado por César Emilio Requejo Rodríguez, Jefe Regional de Defensa Civil, consignado en la lista como “Especialista en Defensa Civil”. Y un cuarto, es el de Manuel Martín Marroquín Otoya, Jefe Zonal de Barranca y dirigente de “La Familia”, a quien en la lista se le atribuye el cargo de “Asistente Técnico II”.



Mientras que entre los más cuestionados están Anselmo Eleuterio Ventocilla Villarreal, Jefe de Almacén y también dirigente de “La Familia”, que aparece como “Especialista Administrativo”. Otro patético caso es del Ingeniero Manuel Antonio Aguirre Castillo, Jefe de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura, y siempre partícipe como “Miembro” de los Comités de Adjudicación de Obras del GRL junto a Wilbert Flores Guerra (Jefe de Logística), entre ellos, la sobrevalorada construcción del Coliseo Cerrado de Huacho, y otras, o realizas con retraso o mal realizadas. Este funcionario es “clave” para desentrañar las irregularidades económicas en las obras de construcción ejecutadas por Chui.



Jorge José Palomino Minaya, chofer de Chui, y supuesto “Técnico en Seguridad”, es otro personaje “clave”, porque éste era el “coordinador” de las comunicaciones telefónicas del entonces presidente regional con Ahumada, Christian y varios funcionarios de su entorno. También, figura en este rubro Fátima María Rojas Nava, ex secretaria de la Oficina de Relaciones Publicas y Comunicaciones, a quien el propio Chui transfirió a otra área al comprobar su ineficiencia administrativa y fue cuestionada por el propio Ahumada cuando reclamaba sin boleta ni factura un pago de S/.300 soles por 01 ofrenda floral.