Escribe: Arístides Alvarez
El martes 21 de diciembre, al promediar las 9 a.m., después de un viaje de 30 minutos por carretera hacia Sechura, que recorre el Valle del Bajo Piura con dirección al mar, llegué al domicilio de mi madre, sito en el distrito de La Arena (provincia de Piura), un antiguo pueblo con 90 años de creación política y cuyos habitantes son mayoritariamente agricultores y pacíficos. Grande fue mi sorpresa al no encontrarla pese que el día anterior había confirmado telefónicamente la hora de mi llegada. Después de unos 15 minutos llegó a bordo de un mototaxi transportando consigo un barril plástico con agua que había adquirido por cinco soles. “He ido a comprar agua para nuestro uso diario, pues desde hace muchos días no hay servicio”, dijo, mientras yo la saludaba efusivamente. Ya dentro de la casa, continuó con su relato: “El problema tiene muchos años y en los últimos meses se ha agudizado, pues hay agua sólo por media, una o dos horas al día, sin embargo, la municipalidad todos los meses nos cobra S/. 13 soles”. Y para que no quedase duda de lo dicho, me mostró los dos últimos recibos pagados, que sacó del cajón de una mesa de madera. Ambos, llevaban el membrete de la municipalidad distrital y llenados los espacios en blanco con lapicero azul el nombre de mi madre y la infaltable palabra de cancelado.
Tomé los recibos, cogí mis infaltables compañeras de viaje: mi cámara fotográfica y de video, y salí raudamente por la puerta posterior de la casa que da a la calle Arequipa, la misma que conduce directo al local municipal atravesando antes la Plaza de Armas. Conforme me acercaba, noté en sus inmediaciones la presencia numerosa de la población. Hombres y mujeres, grandes y chicos, muy mortificados esperaban frente a la puerta de la municipalidad, resguardada por cerca de 30 policías antimotines provistos de varas y escudos –llegados de Piura y al mando de un conocido capitán según me manifestaron-, por lo que tuve que abrirme paso entre la muchedumbre, que al notar que llevaba sobre mi hombro derecho un pequeño maletín negro con la inscripción SONY, empezaron a palmear mi espalda cual pugilista va al ring y expresarme palabras de aliento, pues intuyeron que era un periodista local y diciéndome al unísono que tenía que ingresar a su interior donde una comisión representativa del pueblo dialogaba con el alcalde (saliente) Venancio Risco Juárez para que les explique las razones del incumplimiento del servicio de agua a los hogares de la zona urbana y sus caseríos.Después de franquear el cordón policial previa identificación rigurosa, dentro del local avancé unos metros y me acerqué al lado izquierdo donde se ubicaba una mesa y a su alrededor se encontraban sentados, de un lado, el alcalde, regidores y funcionarios, y en el otro extremo, los integrantes de la comisión del pueblo, en pleno diálogo. Mientras otros tres o cuatro vecinos y testigos del hecho, eran mantenidos unos metros a raya por dos policías. Ellos, sólo podían escuchar y estaban prohibidos de hablar.
Me paré detrás de la comisión y escuché atento por casi treinta minutos una perorata neoliberal absurda del alcalde como única forma de justificar su ineficiente gestión, la misma que se resumía en lo siguiente: “Si una empresa pedía instalarse en el distrito la municipalidad no debe negarle la autorización porque la autoridad (él) debe estar siempre a favor de alentar las inversiones en el país”, o que “no tenía la culpa y no podía hacer nada del destrozo de la carretera (en más de dos kilómetros) y avenida principal del distrito por parte de la empresa encargada de construir la nueva red del alcantarillado”, o “qué había que entender que las máquinas (de bombeo) siempre se malogran”, y, finalmente, negar rotundamente haber suscrito un convenio para dotar de agua potable a la fábrica desmotadora de algodón (¿?).
En dos oportunidades, la comisión trató de replicar, pero Venancio se impuso, diciendo con voz alta que no debían interrumpirlo hasta el final. Fue, entonces cuando intervine y mostrándole los dos recibos pagados por mi madre, le formulé a boca de jarro la siguiente interrogante: ¿Señor alcalde, dado que usted es la máxima autoridad y la municipalidad cobra mensualmente por el servicio de agua potable, dígame cuándo se va a restablecer el servicio?. Venancio, un sujeto de piel oscura y proveniente de uno de los caseríos más pobres del distrito, después de ganar en el 2006 la elección como candidato de Unidad Nacional, se recibió al poco tiempo de contador y se fue a vivir en forma permanente a la ciudad de Piura, tal vez como medida de prevención a ser depuesto del cargo por el pueblo como hacía pocos años sufrió su hermano al comprobársele graves indicios de corrupción, estigma que sumado a su mala gestión lo había convertido en perdedor de la reelección el pasado 5 de octubre; sonrió forzadamente y dijo: “Yo, no le puedo contestar”, y mirando a la persona de su lado izquierdo agregó: “Qué le conteste el nuevo alcalde”. El individuo – que no era el electo burgomaestre sino el administrador municipal- presuroso manifestó: “El servicio se restablecerá cuando se repare la bomba”. ¿Cuándo?, repregunté. “Lo que demore la reparación, 4 o 5 días”. Obtenida mi respuesta, abandoné el lugar. Volví sobre mis pasos, y nuevamente me encontré con la muchedumbre, que me inquirió informarles sobre la reunión. “Cuándo habrá agua”, preguntó una anciana y contesté: “En 4 o 5 días cuando arreglen la bomba”. “Pero si la bomba es nueva”, dijo otro. La noticia se expandió y enfureció a la gente. La masa se dirigió a la puerta de la municipalidad con la intención de ingresar para hablar todos con el alcalde, produciéndose un forcejeo con los policías. El hecho obligó a la comisión salir a calmarlos, cosa que se logró a medias bajo la promesa dar su informe en la reunión en la plaza. Allí, habló el gobernador y dos integrantes de la comisión. Su informe se resumió en lo siguiente: “La reposición del agua se produciría cuando la bomba funcione”, y “qué el alcalde comunicaría mañana al representante de la desmotadora que el pueblo se oponía a un probable suministro de agua”. El pueblo lo rechazó tajantemente, y cuestionó a la comisión el no haber exigido al alcalde que firme un acta de compromiso, y casi a empellones sus integrantes fueron obligados a regresar y cumplir con su misión. La protesta continuó y se prolongó casi hasta el anochecer, quedando prácticamente Venancio impedido de salir. Fue cuando, enfurecido firmó un papel donde había escrito: “el pueblo se hace responsable si se producían robos y daños a la tubería de agua de la desmotadora”. La comisión no lo suscribió. La sangre iba a llegar al río, cuando alguien gritó a voz en cuello: ¡Llegó el agua!. Se produjo una alegría total. Todos volvieron en forma pacífica a sus casas. Venancio se fue a la suya, y yo a ducharme.
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LA BOMBA
La Municipalidad Distrital de La Arena entregó el 19 de agosto de 2010 la Buena Pro de Adjudicación Directa Selectiva Nº 0011-2010-MDLA, a la empresa HIDROSTAL S.A., con domicilio legal en la Calle Portada del Sol 722, Zona Industrial de Zárate, San Juan de Lurigancho, Lima; aceptando su oferta de venta de 01 Electrobomba Sumergible 125 HP, Marca Hidrostal, incluye 02 tramos de 60 mts. de cable Nº6AWG por el monto de S/. 90,000.00 (Noventa mil nuevo soles). El Comité Especial lo integró el Jefe de Logística, Ing. Carlos E. Espinoza Chávez (presidente), Félix Ramos Sernaqué y el Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, contador público Arco Quinto Rodríguez Agurto (miembros). La información es oficial y ha sido consignada por la propia municipalidad en el SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado). Ver documentos.
Su adquisición es parte del Proyecto “Pozo de Agua Potable de Sincape”. El pueblo de La Arena desconoce esta compra, y cree erróneamente que la bomba es de propiedad de la desmotadora (?).
Cabe recordar que el agua potable en este distrito se obtiene del subsuelo mediante un sistema tubular de bombeo, que no cubre las necesidades de sus 31,494 habitantes de la zona urbana y 3,090 habitantes de la zona rural.
LA OBRA DE ALCANTARILLADO
Respecto a la Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado-La Arena”, Piura, por el monto de S/. 16’057,078 (Dieciséis millones de soles cincuentaisiete mil y setentaiocho soles), fue adjudicada por el Gobierno Regional de Piura (GRP) el 19 de octubre de 2007 al Consorcio Aguas del Norte, conformado por las siguientes empresas: Ceba S.A., Acuña y Peralta, Ponce y Montes y Nazconsult. Extrañamente se le entrega la Buena Pro pese a presentar una carta fianza superior al 30% del valor referencial (630,000 dólares americanos) pero menor en suma en relación al ofrecimiento del Consorcio San Pedro (800,000 dólares americanos). Su representante Roberto Cutti Pineda dejó constancia en el acta su disconformidad por haber descalificado el Comité de Adjudicación a sus profesionales por no cumplir con el requisito de 20 años de colegiatura, requisito que tampoco argumenta cumplía la profesional (socióloga) del Consorcio “Aguas del Norte”. Ver documentos.
También, extrañamente la ejecución de la obra tuvo una demora dos años. Recién, el 21 de febrero del 2009 inició los trabajos que debían concluirse el 27 de octubre del 2010, vencido el plazo de 240 días calendario, pero a duras apenas alcanzó el 76%. El consorcio hizo abandono de los trabajos de en plena excavación de zanjas para la instalación de tuberías en el sector Nuevo Montegrande. La obra se encuentra intervenida por el GRP y ha asumido la triste tarea de culminarla, aunque sin completar el proyecto, que comprender la implementación de una laguna de oxidación y la construcción de un reservorio elevado de 700 m3. El procedimiento Especial de Selección se hizo teniendo como marco legal la Ley Nº 28870, Ley para optimizar la gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.
La fuente de los recursos se produjo por transferencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (como parte del Programa Nacional “Aguas Para Todos” al GRP, y de sus recursos ordinarios de canon y sobrecanon.
Desde 20 años no se hacía una obra de inversión millonaria en ese distrito.
DESMOTADORA CREDITEX
Coincidentemente, en el mes de agosto (mes de la compra de la bomba), Creditex inició sus operaciones de desmotado en su nueva planta de Casaraná ubicada en medio de los campos de algodón del Bajo Piura según lo manifestado por su gerente general, José Ignacio Llosa, en su revista institucional “En Algodón”, del N°2 de Setiembre de 2010.
Empero, esta versión debe ser analizada en su contexto. La fábrica está construida en plena zona agrícola. En un área de aproximadamente 3 hectáreas y a tres kilómetros de la zona urbana. El valle se caracteriza por ser un extenso manto verde donde se siembra mayormente arroz y maíz, que Creditex ha atravesado en una distancia igual (3 km.) con tuberías para conectarse a la red del servicio de agua potable que se brinda desde el pozo de Sincape. Ni los propietarios de los predios agrícolas ni la población en general fue informada.
Venancio dio la autorización de construcción de la fábrica, donde se ha instalado el cien por ciento de los equipos de la Planta N° 3 de la ciudad de Piura que Creditex vendió a un conocido banco, hecho calificado por su gerente de administración, Luis Herrera, como una acción empresarial para amoriguar la crisis internacional (Diario El Comercio del 04 de mayo de 2009).
Creditex es en realidad las siglas de Cía. Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. El nombre proviene como resultado de la fusión y consolidación de cuatro empresas textiles peruanas adquiridas por la Corporación Cervesur. Hilanderías Pimafine (1990), Textil Trujillo-Trutex (1995), Credisa (1997) y Textil El Progreso (1999). Creditex posee en total 07 plantas entre desmotadoras e hilanderas localizadas en Piura (Sullana y La Arena), Lambayeque, Trujillo, Lima y Pisco. Además, de ofrecer a sus clientes productos “full package”, también confecciona prendas de algodón pima y tangüis que comercializa en el exterior bajas marcas de prestigio internacional (Marc Boehler y Norman & Taylor), y que en el Perú se ofrecen en lujosas boutiques de San Isidro, Surco, Lima (conocidos centros comerciales) y Callao (aeropuerto internacional Jorge Chávez).
Uno de sus conceptos de su misión empresarial, Creditex, dice: “Promovemos un accionar con responsabilidad social y ambiental”. Nada más ajeno a la realidad, en el caso descrito. Creditex ha sentado un nefasto precedente para que cualquiera construya en el Valle del Bajo Piura y lo desaparezca en los próximos años y con ello la despensa alimenticia de esa región y del Perú. El PBI regional de Piura en el sector agricultura es del 11.78%.
Cervesur (uno de los principales grupos económicos del Perú conformada por importantes empresas del sector industrial, agroindustrial y de servicios, entre los que destacan AFP Profuturo, Aceros Arequipa, Ferreyros y la Positiva Seguros y Reaseguros), que se ufana de obtener ingresos anuales superiores a 170 millones de dólares, quizá disminuya en algo cuando sus clientes empresariales del mundo y del país, conozcan esta verdad, es decir cómo sus máximos directivos, Von Wedemeyer Knigg Andreas Wolfgag y Jorge Guillermo, hace dinero en el sector textil.
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Nota de redacción: Tras el suceso, el servicio de agua potable en el distrito se cumple todos los días, pero sólo de 5 a 9 a.m., y por lo tanto, la solución al problema aun no se da definitivamente.
FIN
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